Entre las funciones por Decreto Ejecutivo más relevantes tenemos las siguientes: Fomentar la participación ciudadana en organizaciones comunitarias y empresariales para la defensa de los bienes comunes, a través de la prevención del delito. Promover el tratamiento multidisciplinario de la problemática de la seguridad, que incluya al menos las cuestiones vinculadas a la educación, el trabajo, la salud, las adicciones y obras en infraestructura como iluminación, accesibilidad, comunicaciones, identificación de viviendas y recuperación de espacios verdes públicos en condiciones de abandono con participación comunitaria. Evaluar de manera permanente las políticas de seguridad, de manera que se puedan ir solucionando las deficiencias de diseño e implementación. Promover la participación de comunidades en talleres de seguridad ciudadana, para permitir a los ciudadanos distinguir entre los niveles de delincuencia presentados en los medios de comunicación y la criminalidad realmente existente en sus respectivas comunidades.