El ministro de Seguridad Pública, Rolando Mirones acudió a la Asamblea Nacional, para responder el cuestionario de 15 preguntas relacionadas con el Plan de Seguridad en los 100 días del Gobierno y dio a conocer los programas, proyectos y estrategias que se implementarán para combatir la delincuencia en el país.


El titular del Ministerio de Seguridad destacó que los índices de criminalidad en cuanto a homicidios, robos y hurtos han disminuido en los primeros 100 días de este gobierno, en comparación al mismo periodo de la administración pasada.

En el caso de robos la disminución fue del 45%, en hurtos bajo en un 33.6% y en homicidios la reducción fue de 21.1%.
Mirones fue enfático al decir que aunque se ha dado una disminución en estos hechos delictivos, el enfoque de su administración es contrarrestar el crimen organizado con mejores tecnologías, fuerzas de defensa, dotación de equipos para que los casos que se den sean aún menores.


Para reforzar la seguridad, el ministro destacó que se instalarán 3 mil 500 cámaras como parte del proyecto 911, aprobado el pasado jueves por la Asamblea Nacional.


También resaltó que se cuenta con un equipo especializado denominado Fuerza Alfa con más de 500 miembros especializados en técnicas de defensa que opera de manera permanentemente.


Indicó que es necesario dotar a los estamentos de seguridad con mejores equipos tecnológicos y de movilización, herramientas que son primordiales para su buen funcionamiento. En este punto señaló que cuando entraron a la Policía Nacional, el 58% de la flota vehicular la encontraron dañada.
Agregó que es necesaria una inteligencia policial que detecte el delito inclusive antes de que se materialice, mediante la creación de un Centro de Fusión de Inteligencia, para que sea accesible la información manejada en cada estamento de seguridad como la ubicación de personas que están siendo requeridas e investigadas. Esta base de datos será manejada bajo estricta confidencialidad y solo en casos que lo amerite.
Entre las medidas implementadas para combatir el crimen, destacó el Plan de Seguridad Integral “Uniendo Fuerzas” que tiene cuatro pilares fundamentales: La represión, la prevención, la rehabilitación y la institucionalidad.


Indicó que es necesario modificar ciertas normas del Sistema Penal Acusatorio, para lo que se hizo un análisis y las propuestas serán presentadas ante la autoridad competente.
También se refirió a la participación ciudadana como una clave para la detección de las necesidades en materia de seguridad en cada sector. En este punto destacó el Plan Integral de Seguridad Ciudadana que incorpora a los estamentos, autoridades locales, comerciantes y a la comunidad para realizar un trabajo en conjunto en la reestructuración de medidas y técnicas contra la delincuencia en sus sectores.
Habló sobre el programa internacional “Crime Stoppers”, que permite a la persona realizar una denuncia de forma anónima mediante redes tecnológicas de comunicación y que se adoptará en Panamá; ya que ha tenido buenos resultados en otros países.
Sobre los permisos para portar armas, señaló que “son más de 10 mil solicitudes presentadas desde hace 8 años y las anteriores administraciones no hicieron nada para atenderlas, por lo tanto nombramos un personal transitorio con el propósito de tratar la mora que encontramos” dijo Mirones.


Agregó que se pretende implementar un sistema automatizado para brindar a los interesados la facilidad de hacer sus solicitudes vía Web y llevar un seguimiento del proceso. Esto evitará que se den casos de corrupción y se mantenga la discrecionalidad de su solicitud.
También destacó que la llamada “veda de armas” realmente es una “veda de importación de armas” y que esta medida no hizo ningún efecto en bajar los índices de crímenes perpetuados con armas de fuego, puesto que la criminalidad las consigue de manera ilegal.


En cuanto a las irregularidades detectadas en ascensos, ingresos y reintegros en los estamentos de seguridad el Ministro dijo que en el pasado mes de septiembre se presentó ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, un primer grupo de 14 demandas de nulidad por casos que se dieron en el periodo 2015 al 2017 en diferentes rangos.


Dio a conocer al pleno legislativo que son más de 200 casos que el Minseg analiza y una vez se tenga la información correspondiente sobre las irregularidades de estas acciones, serán presentadas ante la Corte Suprema de Justicia quien es la autoridad competente para aplicar las medidas correspondientes.


Explicó que para ascender rangos se requiere 4 años de servicio continuos en cada escalafón, además de pruebas físicas, preparaciones y registros de buena conducta.


El ministro Mirones aclaró que no ha dado a conocer los nombres de las personas ascendidas irregularmente porque en el artículo 22 se establece que toda persona acusada de cualquier delito tiene derecho a que se “presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa”.


En relación al Programa Barrio Seguro que se implementó durante el gobierno pasado, Mirones dijo que “no tuvo los resultados esperados y costó 40 millones al Estado”.


Señaló que este programa fue “politizado y prácticamente propulso la criminalidad e impunidad a los pandilleros”. En ese aspecto fue enfático al decir que la única negociación con un pandillero es que se estregue.