La necesidad de establecer un marco jurídico que permita al Estado recuperar bienes adquiridos de forma ilícita, fortaleciendo los mecanismos de administración de justicia es el espíritu del Proyecto de Ley que propone la creación de la legislación de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos.

Esta iniciativa, presentada este jueves ante el pleno de la Asamblea Nacional por el ministro de Seguridad Pública (Minseg), Juan Manuel Pino, en nombre del Gobierno Nacional que lidera el Señor Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, tiene como objetivo regular la extinción de dominio a favor del Estado, creando un marco legal que permita contrarrestar la actividad criminal, quitándoles la capacidad operativa y financiera mediante el debilitamiento de su estructura organizacional.

Se trata de una Ley de orden público, dirigida a la extinción de dominio de los bienes, instrumentos, recursos, productos, activos o valores que carecen de legitimidad, ni pueden gozar de protección constitucional, debido a su origen o destino, vinculado con actividades delictivas.

La Ley de Extinción de Dominio pretende convertirse en un mecanismo efectivo que lleve a la desarticulación de los grupos delictivos, teniendo como premisa que los bienes adquiridos mediante el dinero producto de actividades ilícitas no gozan de protección legal, y como hecho de justicia social, el Estado consigue recuperar estos bienes y logra resarcir el daño causado a la sociedad.

«El Ministerio de Seguridad Pública promueve la incorporación de este mecanismo de investigación y administración de justicia al marco jurídico del país, para que los bienes adquiridos mediante el uso de fondos procedentes del crimen organizado y el narcotráfico, y cuya procedencia no pueda justificarse, pasen a manos del Estado, una vez se emita sentencia de la autoridad judicial», señaló el titular del Minseg.

Igualmente, mediante esta norma, el Ministerio Público de Panamá estará en condiciones para desarrollar políticas públicas de prevención de manera integral, junto a las demás instituciones vinculadas al desarrollo de mecanismo de intervención social, para minimizar la incidencia criminal y promover una cultura de paz.

El proyecto consta de 94 artículos, desarrollados en ocho capítulos sobre aspectos relacionados con normas y garantías y aspectos procesales, medidas cautelares, entre otros.