El secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, Jonathan Riggs, participó en la conferencia virtual sobre los 10 años de la “Ley modelo de extinción de dominio”, en la cual, explicó que la propuesta panameña está encaminada a fortalecer la persecución criminal, resarcir el daño a la sociedad y debilitar el músculo financiero de los grupos criminales. Riggs, quien participó en calidad de experto sobre esta temática, organizada por Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) de Colombia, puntualizó que la propuesta panameña que consta de 94 artículos y 10 capítulos, también tiene como objetivo disminuir la capacidad de expansión y reclutamiento de las organizaciones criminales. El proyecto de ley que pretende establecer en Panamá la acción de extinción de dominio en el ordenamiento jurídico panameño, el cual ya fue presentado en la Asamblea Nacional de Diputados por el ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, está en espera de discusión del primer debate. En su intervención, detalló que el proyecto de Ley 625, sobre extinción de dominio, reúne las mejores prácticas de países como Colombia, El Salvador y Honduras, cuyos resultados fueron constatados en estos países y permite la implementación de esta ley, quitándole estos dineros, además de resarcir el daño que causan a la sociedad, mediante obras de desarrollo social y programas de prevención. Panamá ha presentado en dos ocasiones la propuesta de extinción de dominio, pero sin éxito. En 2014 fue el primer esfuerzo mediante el proyecto de Ley 104; en 2015 se presentó el proyecto de Ley 258 y en 2019 se volvió a presentar y está en espera de debate. Dentro de los beneficios que “aspiramos tener es el financiamiento de programas para la prevención y la lucha contra la delincuencia, el fortalecimiento a instituciones de educación, proyectos de beneficio social, seguridad, deporte, ente otras, señaló el Secretario General. La idea, agregó, es también que Panamá salga de las listas que señalan que no se está haciendo nada para combatir el blanqueo de capitales. “Con la oportuna implementación de la ley, generaremos esos mecanismos de intervención, que permitirán a la sociedad panameña resarcirse del mal causado por los criminales. Se informó, que dentro de la estructura del proyecto se contará inicialmente con un juez de extinción de dominio, un tribunal superior colegiado, conformado por tres magistrados, que son los de segunda instancia y el Ministerio Público tendrá un fiscal especializado en extinción de dominio. En este encuentro virtual participarán del 20 al 23 de septiembre, 42 fiscales y 28 jueces responsables de la investigación y juicio patrimonial del delito, de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y República Dominicana.
