El ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, destacó la importancia de atacar las finanzas del crimen organizado mediante la propuesta de “Ley de Extinción de Dominio”, que fue presentada en la Asamblea Nacional de Diputados en abril de este año, porque las personas vinculadas al narcotráfico son puestas a buen recaudo, pero muy poco se les toca el dinero.

El Ministro señaló que en varios países está funcionando la “Ley de Extinción de Dominio”, cuyo proyecto fue ya presentado, por lo que se requiere del apoyo de la Asamblea mediante la aprobación de esta propuesta que la tienen ocho países.

“Panamá necesita de hombres y líderes fuertes que se atrevan y el que no lo hace es por algo. Es una ley que funciona en países como Colombia, Argentina, El Salvador y Honduras que han pasado de esto. Por eso presentamos en abril el proyecto de ley, luego de un año de trabajo con el apoyo de la embajada de Estados Unidos. Es proyecto transparente que requiere del apoyo de la Asamblea”, explicó el titular de Seguridad Pública.

La Ley de Extinción de Dominio” se presentó en la Asamblea ante la necesidad de establecer un marco jurídico que permita al Estado recuperar bienes adquiridos de forma ilícita, que permita contrarrestar la actividad criminal, quitándoles la capacidad operativa y financiera mediante el debilitamiento de su estructura organizacional.

El Ministro ha explicado que es una Ley de orden público, dirigida a la extinción de dominio de bienes, instrumentos, recursos, productos, activos o valores que carecen de legitimidad, por lo que se pretende desarticular grupos delictivos, al tener como premisa, que los bienes adquiridos mediante  actividades ilícitas, no gozan de protección legal, y como hecho de justicia social, el Estado consigue recuperarlos y resarcir el daño causado a la sociedad.

Con estos recursos, el Ministerio Público puede desarrollar políticas públicas de prevención de manera integral, junto a las demás instituciones vinculadas al desarrollo de mecanismo de intervención social, para minimizar la incidencia criminal y promover una cultura de paz.