El Ministerio de Seguridad Pública, con el respaldo de la Fundación Konrad Adenauer y la Organización de Estados Americanos (OEA), se reunió con directivos de gremios de profesionales, empresarios, abogados y medios de comunicación, para hacer una presentación técnica del Proyecto de Ley 625, mediante el cual se adopta la legislación de Extinción de Dominio de bienes ilícitos en Panamá.

Esta presentación forma parte del proceso previo al inicio del primer debate de este documento, mediante el cual se busca establecer un marco jurídico que le permita al Estado panameño recuperar bienes adquiridos de forma ilícita, fortaleciendo los mecanismos de administración de justicia.

Correspondió al director del Departamento contra el crimen transnacional y delincuencia organizada de la OEA, Gastón Shulmeister, explicar que una Ley de Extinción de Dominio fomenta a través de la recuperación de activos de dudosa procedencia, la destrucción del músculo financiero de los criminales y narcotraficantes transnacionales.

Shulmeister destacó que la Ley de Extinción de Dominio representa un mecanismo efectivo, para la desarticulación de los grupos delictivos. «Los bienes adquiridos con dinero de actividad ilícitas no gozan de protección legal, y como un hecho de justicia social, el Estado a través de esta Ley, consigue recuperar estos bienes y logran resarcir el daño causado a la sociedad», precisó.

Por su parte, el Secretario General del Ministerio de Seguridad Pública, Jonathan Riggs, reiteró que el Proyecto de Ley 625 es el resultado del trabajo de la mesa técnica que logró consolidar los puntos de vista de cada una de las partes que estaría involucrada en la extinción de dominio.

Riggs indicó que este proyecto es susceptible a modificaciones que lo ajusten a los términos establecidos en materia constitucional; «lo importante es que el país cuente con una herramienta que le permita actuar legalmente contra los bienes adquiridos con dineros producidos por las organizaciones criminales y los narcotraficantes.

La explicación sobre el Proyecto de Ley 625 recibió comentarios positivos por parte de los representantes de las organizaciones que asistieron para conocer el proyecto.

La Fiscal de Cuentas, Waleshka Hormechea, destacó la importancia de tener este tipo de foros en los que se explique cuál es el propósito y el alcance de una Ley de Extinción de Dominio.

«La comunidad debe ver la bondad de esta legislación. En el debate que se genere en la Asamblea Nacional, será posible generar la dinámica que permita producir un documento consensuado, y de beneficio para el país», precisó Hormechea.

Por su parte, el magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, calificó como «excelente» la creación de una Ley de Extinción de Dominio, que permita mediante una jurisdicción especial que separa lo penal de lo patrimonial.

«Este proyecto representa un paso importante para nuestro país, ya que mediante una jurisdicción especial, se logra que bienes ilícitos, producto de la delincuencia y el narcotráfico, pasen a resarcir a la sociedad del daño causado», apuntó Cigarruista.