La Comisión Legislativa de Gobierno inició este miércoles la discusión en primer debate del Proyecto de Ley 625, que propone la creación de la legislación de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos en nuestro país.

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, destacó la importancia de darle tratamiento a este proyecto, el cual considera una pieza vital en el combate contra la delincuencia y el crimen organizado.

«Esta Ley ha sido probada y funciona en nueve países del continente. Con ella, el músculo financiero de las organizaciones criminales se debilita y nos permite tener una norma para combatir al narcotráfico y al crimen organizado», apuntó el Ministro.

Indicó que esta norma tiene como objetivo la recuperación de los bienes ilícitos en favor del Estado, constituyendo un mecanismo de generación de ingresos, para financiar la prevención y la lucha contra la delincuencia, y además, resarcir el daño causado a la sociedad, dándole una función social al bien cautelado.

Por su parte, el Secretario General del Ministerio de Seguridad Pública, Jonathan Riggs, explicó que la Extinción de Dominio es una figura jurídica que se ha integrado a las legislaciones de países como Colombia, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, Perú, Argentina y República Dominicana.

«El proyecto recoge las buenas prácticas a nivel internacional, con un enfoque social, porque le permite al Estado recuperar los bienes ilícitos y devolverlos a la sociedad, para su mejor uso colectivo», apuntó Riggs.

El presidente de la comisión, Victor Castillo, abrió el debate a consulta para recibir opiniones sobre el documento.

El abogado José Abel Almengor indicó que este proyecto es necesario para Panamá, «porque se dirige a los bienes ilícitos, y además, permite complementar la persecución judicial, al separar la persecución de las personas de los bienes, en una jurisdicción distinta», destacó Almengor.
«No soy funcionario público, me anima mucho que este proyecto tenga una amplia discusión, porque es una Ley de interés público, con un enfoque social», manifestó el jurista.

A fin de revisar y analizar el proyecto, fue creada una sub comisión, integrada por los diputados Roberto Abrego, Crispiano Adames y Juan Diego Vásquez.