Panamá ha ofrecido ayuda humanitaria a 100 mil personas que, hasta el 29 de agosto de este año, han ingresado al territorio nacional como parte de la población migrante en tránsito hacia Estados Unidos. El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, reiteró que Panamá es uno de los pocos países que ofrece ayuda humanitaria a los migrantes en tránsito, al darle atención médica, alimentación en los centros de recepción en donde pueden descansar y traslado acompañado de unidades del Servicio Nacional de Migración (SNM). En este sentido, fue enfático al señalar que la selva del Darién es virgen e inhóspita, pero en Panamá no hay personas desaparecidas por la forma en que este país maneja la situación. “Una vez que llegan a las comunidades receptoras, son conducidos, trasladados y acompañados hasta la frontera con Costa Rica”. Explicó que cuando los migrantes ingresan al territorio panameño, se refuerzan las acciones operacionales, que este año se incrementó mediante la “Operación Wana Jumarada” (Vamos con Todo), por los asaltos y violaciones registrados, y se ha logrado la judicialización de varias personas involucradas en la comisión de delito. Por su parte, la directora del Servicio Nacional de Migración (SNM), Samira Gozaine, indicó que este año en Panamá se tiene un registro de cinco personas fallecidas en la selva durante la travesía. Como resultado de las operaciones y patrullajes que ha hecho el Servicio Nacional de Fronteras, agregó a directora Gozaine, se ha rescatado a más de 365 personas víctimas de trata de personas y tráfico ilegal de personas y 60 personas han sido detenidas por este delito. Las declaraciones del Ministro se dieron en el foro regional: “Las desapariciones de personas migrantes en América Central y México”, organizado por el Consejo de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos (Ccpdh), el Ministerio de Relaciones Exteriores la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según se explicó, el propósito de este foro es generar un intercambio de experiencias en la búsqueda e investigación de personas migrantes y desaparecidas en la región y fortalecer la cooperación entre los Estados, la sociedad civil e instituciones nacionales de derechos humanos.