Funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública realizaron una cadena humana vestidos de blanco en las inmediaciones de esta entidad, con el propósito de prevenir la explotación sexual, la trata de personas y hacer docencia sobre los factores de riesgo que hacen vulnerables, especialmente a menores de edad. En conmemoración al Día Internacional contra la Explotación y la Trata de Personas, cuyo lema es “Soy persona no un objeto, tu denuncia nos protege de la explotación sexual”, el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, el secretario general, Jonathan Riggs y la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, encabezaron esta actividad de conciencia social. La directora de la Oficina de Trata de Personas del Minseg, Dayra Campos, explicó que el objetivo es concienciar a la población para que denuncie el delito de explotación sexual comercial y la trata de mujeres, niñas y niños principales víctimas de este flagelo con la finalidad de proteger sus derechos de quienes son utilizados por la población adulta o por el crimen organizado, como mercancía u objeto para sus negocios ilícitos. Campos detalló que Colombia, con 29 %, es el país con más condena por este delito en Panamá. En 2021 la trata de personas con fines de explotación laboral se había incrementado y superó la trata sexual, cuyas víctimas eran del sexo masculino. En lo que va de 2022 se han realizado tres importantes operaciones en el país: “Marfil”, “Galaxy” y una binacional denominada “Luz de Esperanza”, mediante el cual se ha logrado rescatar a 14 personas víctimas de trata de personas, entre estas, cinco son menores con edades de seis hasta los 15 años de edad, quienes eran comercializados en Costa Rica. Actualmente la Oficina Institucional contra la Trata de Personas realiza un trabajo intenso, enfocado en dar asistencia psicosocial, asesoría legal, asistencia médica, alojamiento, formación educativa y/o profesional a las víctimas de este flagelo. El Código Penal de Panamá castiga a los explotadores con penas severas, a quienes atentan contra la libertad sexual y la integridad física de niños, niñas y adolescentes. Este delito es conocido como la nueva esclavitud del siglo XXI.
