La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de Diputados, aprobó en primer debate el proyecto de “Ley 625 sobre extinción de dominio de bienes ilícitos”, con la inclusión de modificaciones y la eliminación de algunos artículos. Luego de aprobarse el primer debate, el secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, Jonathan Riggs, dijo que pese a los ajustes al proyecto de ley inicial, lo importante es que se mantiene la esencia de perseguir grupos criminales para debilitar su músculo financiero. El secretario Riggs destacó la voluntad política de los diputados al aprobar el proyecto en primer debate, lo cual permite al equipo interinstitucional que lo propuso, aspirar a que se incorpore al marco jurídico panameño para el combate frontal a la criminalidad organizada. La ley, agregó, establece un catálogo de delitos que genera la posibilidad de que en segundo debate, “la Asamblea en pleno, pueda conocer la importancia de incorporar al marco jurídico esta ley, que fortalecerá la persecución criminal y la administración de justicia”. “El segundo debate permitirá establecer la jurisdicción. Debe quedar claro que para nosotros es importante que se fortalezca la percusión criminal, de tal forma, que el procurador nombre los fiscales de extinción de dominio y que la administración de justicia pueda contar con jueces de garantía que permitan el debido proceso, que se respeten las garantías constitucionales y puedan hacer uso de la legítima defensa, aquellos que tengan que demostrar la titularidad legítima de sus bienes”, explicó Riggs. El presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Crispiano Adames, indicó que se logró una norma bastante consensuada en lo que realmente Panamá, bajo las legislaciones actuales y vigentes necesita y requiere. Los pasos para la aprobación Por la complejidad de esta propuesta, se organizó la Mesa Técnica para analizarla, la cual fue presidida por la diputada Corina Cano. Durante las dos primeras semanas de abril hubo debate, pero debido a que el ejercicio se extendió, el Departamento Legal de la Asamblea recogió las recomendaciones y entregó el borrador con modificaciones. El proyecto de Ley 625, propuesto por el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, fue discutido por gremios, asociaciones, instituciones y profesionales independientes, interesados en fortalecer esta iniciativa que contaba con 94 artículos, pero tuvo modificaciones y se eliminaron aproximadamente nueve artículos, sin perder el espíritu de perseguir los bienes ilícitos de las organizaciones criminales. El secretario general Riggs, quien estuvo al frente en la Mesa Técnica, ha explicado que algunos de los puntos que generaron fricción fue el contemplar todos los tipos penales en la propuesta inicial, lo que algunos consideraron era demasiado abarcador. Dada esta situación, se creó un catálogo de delitos: crimen organizado, narcotráfico, tráfico ilícito de personas, terrorismo, blanqueo de capitales, explotación sexual comercial y pornografía con menores de edad, secuestro y extorsión, homicidio por encargo, tráfico de órganos, delito de pandillerismo, blanco de capitales y ciberdelitos. El punto controversial fue la inclusión o no de los delitos contra la administración pública, que finalmente se eliminó. Es decir, si el Estado podría tomar posesión de los bienes de aquellos que incurran en actos de corrupción, aduciendo que la jurisdicción de cuentas es la encargada de esta investigación. La diputada Cano dijo en una ocasión, que al proyecto de ley se incorporó sugerencias, modificaciones y se reestructuró metodológicamente por el Departamento de Asesoría Legal. “Se incorporó una jurisdicción especial como la Fiscalía de Extinción de Dominio, un Tribunal de Extinción de Dominio con tres magistrados y jueces para la independencia del ente, de manera que se garantice el equilibrio y el debido proceso”. El presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila, ha indicado que entre los aspectos procesales polémico fueron: las nulidades en caso de que hayan objeciones por parte de la defensa, en torno a cómo se inicia el proceso de extinción de dominio y las pruebas que deben presentarse por parte de la Fiscalía. Manifestó que acordó con el Ministerio de Seguridad Pública ver el tema de la jurisdicción, la investigación patrimonial y las técnicas de investigación. Además se cuestionaron los tiempos de investigación y la jurisdicción especial, que si estará en el Órgano Judicial o en el Ministerio Público. La extinción de dominio es una herramienta utilizada en varios países del mundo, para que el Estado pueda tomar posesión de bienes que pertenezcan a personas vinculadas al crimen organizado, narcotráfico y otros delitos.
