El Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen acompañado del Ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, del Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, del director de la Policía Nacional, John Dorheim y de la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Mari Carmen Aponte, inauguró el Edificio 59 que se utilizará como sede de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) contra el lavado de activos y la Corrupción, como parte de la lucha contra el crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.

 El Gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Seguridad Pública y  con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, logró la construcción de la infraestructura, cuyo costo fue de  767 mil 227 dólares,  a través de los fondos obtenidos del convenio de Spedd Joyeros, un modelo de cooperación internacional bilateral entre Estados Unidos y Panamá, que sirve para combatir el narcotráfico.

El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, dijo que Panamá trabaja en la aplicación de leyes contra el lavado de dinero y el terrorismo, para contar con un sistema económico y financiero sólido, promover la inversión extranjera y consolidar el centro financiero.

Las averiguaciones que realice la FTC, relacionadas a la lucha contra el lavado de activos, la criminalidad organizada, el financiamiento del terrorismo y las investigaciones judiciales, serán dirigidas por el Ministerio Público con fiscales de circuito, fiscales adjuntos y asistentes operativos, que garantizarán el debido proceso conforme a las leyes vigentes.

La FTC contra el lavado de activos atenderá también las solicitudes de asistencia provenientes de organismos policiales de otros países, que de forma homóloga, luchen contra el lavado de activo y el crimen transnacional.

En reconocimiento a la asistencia de Panamá a Estados Unidos en el enjuiciamiento de Speed Joyeros, SA, el Departamento de Justicia acordó en 2013, transferir el 70% ($36 millones) de los activos decomisados al Gobierno de Panamá, como fondos compartidos para fortalecer la lucha de este país contra el blanqueo de capitales y el decomiso de activos.