El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino y el procurador general de la Nación, Javier Caraballo, suscribieron un memorando de entendimiento para establecer un grupo de trabajo que se dedique a investigar delitos cibernéticos, que se registran a través de internet u otras formas de tecnología informática o electrónica. La constitución de este grupo, que tiene como fin enjuiciar en la jurisdicción que corresponda, a personas que resulten vinculadas, es fortalecer y optimizar la investigación de delitos cibernéticos, que incluye aquellos previstos en el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia. El ministro Pino dijo que la firma de este memorándum de entendimiento es un paso más en la alianza estratégica que existe entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Procuraduría, para contrarrestar delitos y el crimen organizado. “Hay que innovar en iniciativas como ésta, porque el crimen tiene capacidades y tiene cómo hacer las cosas con potencial económico y tenemos que prepararnos”. Por su parte, el procurador Caraballo indicó que este convenio ratifica la coordinación y efectividad entre estas dos entidades, que se han unido para contrarrestar la delincuencia en todas sus manifestaciones. “La creación de este grupo de trabajo viene a robustecer los esfuerzos internacionales del ‘Convenio de Budapest’, para hacerle frente a este flagelo”. Estos delitos son contra la confidencialidad, la integridad, disponibilidad de los datos y sistemas informáticos; pornografía infantil; fraude informático; infracciones de la propiedad intelectual y blanqueo de capitales derivados de un delito cibernético o en apoyo de éste. Esta iniciativa se adopta en virtud de un aumento en el índice y la diversidad de delitos cometidos en el mundo digital y/o facilitados a través de internet u otras formas de tecnología informática o electrónica, que repercute en la estabilidad de las infraestructuras críticas del Estado, empresas y en el bienestar de los ciudadanos. En el memorándum se establece colaborar de forma coordinada en la ejecución de actividades vinculadas al grupo de trabajo; elaborar manuales de procedimiento y funciones que regirán las actuaciones de los miembros; desarrollar prioridades comunes y planes operativos conjuntos y seleccionar adecuadamente a sus representantes, proporcionándoles formación y asistencia técnica para mejorar la capacitad de investigación. El grupo de trabajo de investigaciones de delitos cibernéticos lo conformarán funcionarios de la Dirección Nacional de Investigación Judicial (12 unidades), Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional (tres unidades) y la Procuraduría General de la Nación (cuatro fiscales y dos asistentes operativos). El perfil de los funcionarios designados por un mínimo de tres años, será seleccionado por autoridades del Minseg y la Procuraduría y se establecerá el mecanismo de rotación, de manera que se cuente con disponibilidad continua e ininterrumpida para la ejecución de las funciones asignadas.
