El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, acompañado de representantes del Órgano Judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio Público, dijo que un equipo técnico legal trabajó por tres meses, un nuevo proyecto de ley de la extinción de dominio sobre los bienes relacionados con actividades ilícitas y que el documento será presentado en los próximos días a la Asamblea Nacional de Diputados.

La propuesta, apegada a la realidad de Panamá se logró a través de la mesa técnica interinstitucional, la cual busca fortalecer la persecución criminal.

Esta es la cuarta vez que se intenta introducir al marco jurídico panameño la extinción de dominio. El proyecto de Ley 625, presentado por el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, fue rechazado el pasado 27 de abril de 2023 en el pleno de la Asamblea Nacional, al cierre de la legislatura del cuarto periodo y se ordenó el archivo.

El ministro Pino explicó que el nuevo proyecto de extinción de dominio, de 89 artículos, ya se aprobó en Consejo de Gabinete el pasado 8 de agosto, para ser presentado ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional de Diputados. 

Añadió que este nuevo proyecto es “de vital importancia para el país, toda vez que es una herramienta que puede usar el Estado panameño para contrarrestar el crimen organizado transnacional”.

Es un asunto técnico – legal, agregó el Ministro que ha tenido sus ajustes pero en el fondo es lo mismo: contrarrestar el músculo financiero. “Tocará a la Asamblea debatir este anteproyecto que se ha hecho de forma conjunta entre el Órgano Judicial, MEF, Ministerio Público y el Minseg”.

El secretario general del Minseg, Jonathan Riggs, explicó que para la elaboración de este anteproyecto se tomó en cuenta las lecciones aprendidas del rechazado proyecto de Ley 625, por lo que el equipo interinstitucional hizo un nuevo documento, que garantiza el debido proceso y el respeto a las garantías constitucionales.

En conferencia de prensa que se hizo en la sede del Minseg para explicarlo, la magistrada del Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, Guimara Aparicio, detalló que “somos una mesa técnica de investigadores y otros profesionales del derecho, que hemos revisado a conciencia el derecho comparado de más de ocho países y se redactó un documento ajustado a la realidad panameña.

En su intervención, el fiscal superior del Ministerio Público, Rómulo Bethancourt, indicó que el Ministerio Público tendrá que demostrar en una investigación, que un bien determinado está vinculado por su origen con la criminalidad, mediante herramientas que ya el sistema jurídico reconoce, que es través del procedimiento penal.

Entre tanto, el director de Bienes Aprendidos del MEF, Rodolfo Sheik, puntualizó que este anteproyecto pone en competencia a esta entidad los bienes que sean objetos de medida cautelar por parte del juez de extinción de dominio. “A partir de 2015 se creó la Dirección de Bienes Aprehendidos que está administrando bienes de narcotráfico, anticorrupción y delincuencia organizada, que provienen de las investigaciones penales, ahora con la aprobación eventual de este anteproyecto,  será Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos y Extinción de Dominio”.

Este anteproyecto, que combatirá la delincuencia organizada mediante la aplicación de medidas de cooperación internacional de los sistemas judiciales, organismos policiales y de investigación para la identificación, ubicación, localización y recuperación de activos ilícitos, toma en consideración lo establecido en la Constitución Nacional, Código Civil, Código Penal y Código Comercial, en función a las leyes vigentes en la República de Panamá, lo que  permitirá a la Asamblea corroborar que se adapta al marco jurídico panameño.