El ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados el nuevo proyecto de extinción de dominio, cuyo propósito es potenciar las capacidades de las entidades públicas, para combatir la delincuencia organizada y debilitar sus capitales.

Durante la sustentación de la exposición de motivos, el Ministro dejó claro que el objetivo de esta nueva propuesta interinstitucional es el mismo: “debilitar el músculo financiero del crimen organizado. Esta es una herramienta que puede usar el Estado panameño para contrarrestar el crimen organizado internacional”.

La extinción de dominio, dijo, es una iniciativa legislativa enfocada en potenciar las capacidades de las entidades públicas encargadas de la preservación del orden público, que le permitan enfrentar con mayor eficacia el poder de la delincuencia organizada.

También se busca  debilitar sus capitales, estructuras y evitar su expansionismo, tras considerar el perjuicio que representa para la seguridad de la población y la amenaza que subyace en sus actos contra la estabilidad del orden social, económico nacional e internacional.

“La delincuencia organizada es un fenómeno global que demanda la aplicación de medidas de cooperación internacional de los sistemas judiciales, organismos policiales y de investigación para la identificación, ubicación, localización y recuperación de activos ilícitos”, explicó el ministro Pino.

Es por ello, que la Organización de las Naciones Unidas ha expresado su firme convicción de que los Estados miembros adopten medidas para el combate efectivo contra el flagelo y las secuelas de la delincuencia organizada.

El proyecto de ley se compone de 84 artículos, un título preliminar y cuatro títulos, los cuales desarrollan las disposiciones generales, las disposiciones procesales, la cooperación internacional, la administración de los bienes, y las disposiciones finales.

El título preliminar, explicó el ministro Pino, destaca el carácter real o in rem de la acción de extinción de dominio, en el sentido que el objeto del proceso es un bien adquirido o destinado a actividades ilícitas, vinculadas a la delincuencia organizada, indistintamente de quien sea su titular.

“Esta propuesta de ley es de orden público y se aplica a los bienes mencionados cualquiera que sea la época de su adquisición o destinación. Los actos y contratos que formalizan la adquisición de tales bienes no producen efectos jurídicos ni consolidan derechos patrimoniales, siempre y cuando concurran las causales que determina la ley”, agregó.

En resguardo de los derechos de las personas afectadas, se contempla la presunción de buena fe, de tal manera que se garantiza la protección de los bienes lícitamente adquiridos y destinados de acuerdo con la ley.

Entre las disposiciones procesales, el proyecto reconoce la plena vigencia de las garantías constitucionales y convencionales, así como el principio de publicidad en el juicio y del derecho de defensa de quien reclama la titularidad del bien objeto del proceso.

Se instituye la Jurisdicción Especializada de Extinción de Dominio, la cual estará adscrita al Órgano Judicial, integrada por un Tribunal de Apelaciones de Extinción de Dominio y los Juzgados de Extinción de Dominio, cuyos jueces serán nombrados de acuerdo con la Carrera Judicial.

La Fiscalía de Extinción de Dominio tendrá a su cargo el ejercicio de la acción pública de extinción de dominio. El proceso de extinción de dominio se compone de dos fases, la de investigación patrimonial y la judicial, en las cuales, respectivamente, se aplicarán las disposiciones del Proceso 3 Penal y del Proceso Civil, según corresponda.

El pasado 10 de agosto en la sede del Ministerio de Seguridad Pública, el  ministro Pino, acompañado de representantes del Órgano Judicial, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Ministerio Público, dijo que un equipo técnico legal trabajó por tres meses esta propuesta apegada a la realidad de Panamá, la cual pretende fortalecer la persecución criminal.